En Aragón & Méndez, abogados y asesoría empresarial en Mazarrón, trabajamos para que nuestros clientes eviten problemas legales y administrativos. Sin embargo, situaciones externas, como los retrasos en la publicación de la Orden de Cotizaciones a la Seguridad Social, generan complicaciones que afectan a empresas, autónomos y trabajadores por igual.
Recientemente, el Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia ha denunciado el “retraso reiterado” en la publicación de la Orden PJC/297/2026, que regula las cotizaciones a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026. Aunque el Boletín Oficial del Estado publicó la norma el 31 de marzo de 2026, esta tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esto implica que las nóminas de los tres primeros meses del año deben revisarse y corregirse de forma inmediata.
El impacto es significativo: en toda España, más de 22 millones de trabajadores podrían verse afectados, mientras que en la Región de Murcia alrededor de 130.000 personas que perciben el Salario Mínimo Profesional (SMI) están incluidas en esta actualización. Los graduados sociales estiman que se tendrán que rehacer las nóminas de unos 300.000 trabajadores, además de corregir las cotizaciones de unos 105.000 autónomos.
Este retraso genera tres tipos de perjuicios:
- Económico: los despachos y asesorías deben asumir un coste adicional por rehacer el trabajo ya realizado, sin posibilidad de repercutirlo a sus clientes.
- Profesional: el sobreesfuerzo obliga a los profesionales a trabajar horas extras o a contratar personal temporal para cumplir los plazos, aumentando el riesgo de errores.
- Institucional: la confianza en la Administración de la Seguridad Social se ve deteriorada debido a la falta de previsión y coordinación normativa.
Como consecuencia, muchas empresas se enfrentan a la necesidad de rehacer nóminas y corregir cotizaciones, mientras que los trabajadores reciben sus retribuciones sin reflejar las actualizaciones desde enero, generando inseguridad jurídica y administrativa.
Desde Aragón & Méndez, recordamos la importancia de contar con asesoría especializada que pueda anticiparse a estos problemas y gestionar correctamente los efectos retroactivos de la normativa laboral y de seguridad social. Nuestro objetivo es que los clientes puedan cumplir con la ley y evitar sanciones o inconvenientes derivados de retrasos que no dependen de ellos.
Mantenerse informado y contar con apoyo profesional es clave para reducir riesgos y asegurar que tanto las empresas como sus trabajadores estén protegidos ante cambios normativos inesperados. Contáctenos.
